Igualdad, violencia de género, LGTBI y discapacidad en el temario

El artículo 1 declara a mujeres y hombres iguales en dignidad humana y en derechos y deberes, y fija como objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades. Sus obligaciones se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español (art. 2). El principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, las obligaciones familiares y el estado civil (art. 3). Los conceptos que más se preguntan:

El título V regula la igualdad en el empleo público, la parte más cercana a tu futuro trabajo:

• Criterios de las Administraciones (art. 51): remover obstáculos en el acceso y la carrera, facilitar la conciliación, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada en los órganos de selección, prevenir el acoso y la discriminación retributiva y evaluar la efectividad del principio.
• Presencia equilibrada en la Administración General del Estado: en los órganos directivos (art. 52) y en tribunales, órganos de selección y comisiones de valoración, salvo razones fundadas y objetivas, motivadas (art. 53).
• Composición equilibrada significa que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento (disposición adicional primera). No es una paridad exacta.
• Informe de impacto de género en la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas, salvo urgencia (art. 55).
• Formación para la igualdad (art. 61): todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado contemplarán el estudio del principio de igualdad.
• Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo (art. 62) y Plan para la Igualdad que el Gobierno aprueba al inicio de cada legislatura (art. 64).

En las empresas, el título IV exige un plan de igualdad a las de cincuenta o más personas trabajadoras, con periodos transitorios de uno a tres años (art. 45.2 y disposición transitoria duodécima).

La ley actúa contra la violencia que, «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres», se ejerce sobre estas por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.1). Protege también a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, guarda o custodia (art. 1.2). Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (art. 1.3), y la ejercida sobre familiares o allegados menores para dañar a las mujeres (art. 1.4). Se estudia por títulos:

El artículo 23 enumera los medios: una sentencia condenatoria, una orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o un informe del Ministerio Fiscal que indique indicios. También sirven informes de servicios sociales, de servicios especializados o de acogida de la Administración competente, o cualquier otro título, si lo prevén las normas sectoriales de cada derecho. En menores, además, los documentos sanitarios de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial a los que se refiere el artículo.

Dos preceptos más suelen caer: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género formula las políticas públicas y elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres (art. 29), y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado de asesoramiento y evaluación que remite un informe anual al Gobierno y a las comunidades autónomas (art. 30).

La ley garantiza y promueve el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias (art. 1), y se aplica a toda persona física o jurídica, pública o privada, que resida, se encuentre o actúe en territorio español (art. 2). Su estructura:

• Título I, poderes públicos (arts. 4 a 42): deber de protección (art. 4), reconocimiento y apoyo institucional (art. 5), empleo público (art. 11), formación del personal (art. 12), prohibición de las terapias de conversión (art. 17) y medidas en educación, salud, deporte o medio rural.
• Título II, personas trans (arts. 43 a 61): rectificación registral de la mención del sexo e inclusión.
• Título III, protección y reparación (arts. 62 a 75).
• Título IV, infracciones y sanciones (arts. 76 a 82).

Dos ideas son útiles para un opositor. El artículo 5 obliga a los poderes públicos a poner en valor la diversidad de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y la diversidad familiar, y a fomentar el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos. Y el artículo 12.2 dispone que los programas de las pruebas selectivas incluirán formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

El texto refundido garantiza la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos de las personas con discapacidad, y fija el régimen de infracciones y sanciones (art. 1). Define la discapacidad como «una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras» (art. 2.a) y recoge entre sus principios la vida independiente, la no discriminación, la normalización, la accesibilidad universal, el diseño universal, el diálogo civil y la transversalidad (art. 3).

Una cifra básica: tienen la consideración de personas con discapacidad quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento (art. 4.2). Es el umbral que usa la convocatoria para reservar plazas: 156 de las 1.700 del Auxiliar y 230 de las 2.512 del Administrativo. El título II regula las medidas contra la discriminación (arts. 65 y 66), de acción positiva (arts. 67 y 68) y la protección contra las represalias (art. 75). El título III, las infracciones:

Las preguntas premian la precisión sobre el concepto. Donde más se confunde:

Esta guía selecciona los preceptos más relevantes y no agota ninguna de las cuatro normas. No tratamos la dependencia (Ley 39/2006), ni podemos asegurarte qué se preguntará en una próxima convocatoria, para la que tampoco hay fecha publicada. El texto que cuente será el vigente en el momento del ejercicio.

Test Auxiliar del Estado es un sitio privado de preparación, sin relación con el INAP ni con ninguna Administración. Esta guía resume textos publicados y no sustituye a la convocatoria ni a la norma: antes de decidir nada, lee las bases completas y el texto legal vigente en el Boletín Oficial del Estado y la información de la sede del INAP.