Ley 19/2013 de transparencia: publicidad activa, acceso y buen gobierno

El artículo 1 resume la ley en tres verbos: ampliar y reforzar la transparencia, regular y garantizar el derecho de acceso y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos y sus consecuencias.

El artículo 2 aplica el título I a la AGE, las Administraciones autonómicas y locales, la Seguridad Social y sus mutuas colaboradoras, los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público con funciones de regulación o supervisión externa, las entidades de derecho público dependientes de las Administraciones (incluidas las universidades públicas), las corporaciones de derecho público en lo sujeto a Derecho Administrativo, las sociedades con participación pública superior al 50 por 100, las fundaciones del sector público y sus asociaciones. También a la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

El artículo 3 extiende solo el capítulo II (publicidad activa) a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que reciban más de 100.000 euros en ayudas públicas en un año, o cuando el 40 % de sus ingresos anuales tengan ese origen con un mínimo de 5.000 euros. El artículo 4 obliga a quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, incluidos los adjudicatarios de contratos, a suministrar la información que se les requiera.

La publicidad activa es publicar información sin que nadie la pida. Según el artículo 5, se publica de forma periódica y actualizada, en sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables, con acceso fácil y gratuito y accesible a las personas con discapacidad. Se aplican los límites de los artículos 14 y 15, y los datos especialmente protegidos solo se publican disociados.

El acceso funciona a solicitud. Lo reconoce el artículo 12 a todas las personas, en los términos del artículo 105.b de la Constitución. Es información pública, según el artículo 13, todo contenido o documento, en cualquier formato, que obre en poder de los sujetos obligados y se haya elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones.

Límites (artículo 14). El acceso puede limitarse si perjudica a alguna de estas doce materias: seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención e investigación de ilícitos, igualdad de las partes en los procesos y tutela judicial efectiva, funciones de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, confidencialidad en procesos de toma de decisión y medio ambiente. La limitación debe ser justificada y proporcionada, y atender a un posible interés superior. El artículo 15 exige consentimiento expreso y por escrito para datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias, y consentimiento expreso o norma con rango de ley para origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos o infracciones; en los demás casos se pondera. Si el límite afecta solo a una parte, hay acceso parcial (artículo 16).

Solicitud (artículos 17 y 18). Se dirige al titular del órgano que posea la información y no hay que motivarla; puede hacerse en lengua cooficial. Se inadmite, con resolución motivada, si la información está en elaboración o publicación general, es auxiliar o de apoyo (borradores, resúmenes, informes internos), exige reelaboración, se dirige a quien no la tiene, o la solicitud es repetitiva o abusiva.

Resolución (artículos 20 a 22). El acceso es gratuito, salvo copias o cambio de formato, y preferentemente electrónico.

El título II se aplica en la AGE a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los altos cargos de la AGE y del sector público estatal (artículo 25). El artículo 26 fija sus principios: siete generales (transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, igualdad de trato, diligencia, conducta digna y asunción de responsabilidad) y nueve de actuación (entre ellos reserva sobre la información conocida, no aceptar regalos que superen los usos habituales y no valerse del cargo para obtener ventajas). Las infracciones son de conflicto de intereses (artículo 27), económico-presupuestarias (artículo 28, todas muy graves) y disciplinarias (artículo 29):

Es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía y plena independencia (artículo 33). Su fin es promover la transparencia, velar por la publicidad activa, salvaguardar el derecho de acceso y garantizar el buen gobierno (artículo 34). Se compone de la Comisión y su Presidente (artículo 35). La Comisión (artículo 36) reúne ocho miembros: el Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El Presidente (artículo 37) es nombrado por Real Decreto por un período no renovable de cinco años, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas según el texto, entre personas de reconocido prestigio, tras comparecer ante la Comisión del Congreso, que debe refrendarlo por mayoría absoluta en un mes natural. Entre las funciones del Consejo (artículo 38) están recomendar, asesorar, informar los proyectos normativos que desarrollen la ley y evaluar su aplicación con una memoria anual ante las Cortes Generales (artículo 40); el Presidente resuelve las reclamaciones del artículo 24 y puede instar el procedimiento sancionador.

La ley aparece con dos preguntas en el bloque I del cuestionario modelo A del Auxiliar (11 y 21) y con una en la primera parte del Administrativo (7). Las falsas se construyen con piezas de la misma ley:

Los fallos habituales: confundir publicidad activa (sin solicitud) con derecho de acceso (a solicitud); dar a los sujetos del artículo 3 todas las obligaciones, cuando solo les alcanza el capítulo II; creer que hay que motivar la solicitud; olvidar que el silencio en el acceso es desestimatorio; tratar la reclamación ante el Consejo como obligatoria; y mezclar los plazos: diez días para concretar, quince para terceros, un mes más otro para resolver, un mes para reclamar y tres para que se resuelva.

Haz primero un test del bloque en tests y luego un simulacro con el tiempo en marcha, el del Auxiliar o el del Administrativo. Las condiciones de acceso están en precios. La guía de la Ley 39/2015 conecta con esta (su artículo 13 reconoce el acceso a la información pública) y la de la Constitución, por el artículo 105.b. Para ver el ejercicio completo, empieza por la del Auxiliar del Estado (C2).

Test Auxiliar del Estado es un sitio privado de preparación, sin relación con el INAP ni con ninguna Administración. Esta guía resume textos publicados y no sustituye a la norma: antes de decidir nada, lee el texto vigente en el Boletín Oficial del Estado y las bases de la convocatoria.