Ley 39/2015: resumen del procedimiento administrativo común

Capacidad de obrar (artículo 3). La tienen las personas físicas o jurídicas con capacidad civil; los menores, para los derechos e intereses cuya actuación esté permitida sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; y, solo si la ley lo declara expresamente, los grupos de afectados y las entidades sin personalidad jurídica.

Interesado (artículo 4). Lo son quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos; quienes, sin haberlo iniciado, tienen derechos que la decisión puede afectar; y quienes tienen intereses legítimos que la resolución puede afectar y se personan mientras no haya resolución definitiva. Si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad aparecen titulares de derechos o intereses legítimos y directos identificables en el expediente, se les comunica la tramitación (artículo 8).

Representación (artículo 5). Se acredita para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; en los actos de mero trámite se presume. Si falta o es insuficiente, el defecto se subsana en diez días (art. 5.6). Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos valen como máximo cinco años (artículo 6.6).

Derechos. El artículo 13 recoge los derechos de las personas ante la Administración, como comunicarse por un Punto de Acceso General electrónico o usar las lenguas oficiales de su Comunidad; el artículo 53, los del interesado en el procedimiento: conocer su estado, no presentar documentos originales ni los que ya estén en poder de las Administraciones, y alegar en cualquier fase anterior a la audiencia. El artículo 14 obliga a relacionarse electrónicamente, entre otros, a las personas jurídicas, a las entidades sin personalidad jurídica y a los empleados públicos para los trámites que realicen por su condición; las personas físicas pueden elegir.

El artículo 30 permite resolver los ejercicios de cómputo de forma mecánica:

• Días hábiles por defecto: los plazos por días son hábiles y excluyen sábados, domingos y festivos. Solo una ley o el Derecho de la Unión Europea pueden fijar días naturales.
• Horas: son hábiles, se cuentan de hora en hora y no pueden superar las veinticuatro.
• Inicio: el día siguiente a la notificación o publicación, o a aquel en que se produce el silencio.
• Meses y años: de fecha a fecha. Si el mes de vencimiento no tiene día equivalente, el plazo expira el último día del mes.
• Último día inhábil: el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente.

Ejemplos: si te notifican un 31 de enero y tienes un mes, el plazo vence el último día de febrero. Y si te notifican un martes con diez días hábiles y no hay festivos, el día 1 es el miércoles y el 10 es el martes de dos semanas después.

El registro electrónico admite documentos todos los días del año las veinticuatro horas, y lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente (artículo 31). La Administración puede ampliar un plazo, de oficio o a petición, hasta la mitad, antes de que venza, sin recurso contra el acuerdo (artículo 32). La tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos, salvo los de solicitudes y recursos (artículo 33).

La Administración debe resolver y notificar en todos los procedimientos (artículo 21). El plazo máximo lo fija la norma reguladora y no puede exceder de seis meses, salvo ley o Derecho de la Unión Europea; si no lo fija, son tres meses. Se cuenta desde el acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio y desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente en los iniciados a solicitud. Puede suspenderse en los casos del artículo 22 (por ejemplo, requerimiento de subsanación, o informes preceptivos con un máximo de tres meses) y ampliarse excepcionalmente, de forma motivada, sin recurso (artículo 23). Si vence sin resolución, entra el silencio:

El título IV regula las cuatro fases que cita el programa del C1 (iniciación, ordenación, instrucción y terminación) y añade la tramitación simplificada y la ejecución:

Revisión de oficio. La nulidad exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente y puede declararse en cualquier momento; si el procedimiento se inició de oficio, caduca a los seis meses (artículo 106). Los actos favorables anulables se impugnan ante el orden contencioso-administrativo previa declaración de lesividad, que no cabe pasados cuatro años y caduca a los seis meses (artículo 107). La Administración puede revocar actos de gravamen y rectificar errores materiales en cualquier momento (artículo 109).

Recursos. Cabe recurso contra resoluciones y actos de trámite cualificados, pero no en vía administrativa contra disposiciones generales (artículo 112). Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones de alzada y los actos de Ministros, Secretarios de Estado y órganos con nivel de Director general o superior en materia de personal (artículo 114). El recurso no suspende la ejecución salvo decisión expresa; si se pide la suspensión y pasa un mes sin respuesta, se entiende suspendida (artículo 117). Hay tres:

En el cuestionario modelo A del Auxiliar, tres de las treinta preguntas del bloque I son de esta ley (18 a 20). En la primera parte del Administrativo hay cuatro (13, 17, 18 y 19) más una de reserva, y en los supuestos prácticos otras seis: cinco en el I y una en el II. Las falsas reutilizan la redacción de otro apartado cambiando una palabra:

Los fallos más repetidos: contar días como naturales o empezar a contar el mismo día de la notificación; confundir el silencio de los procedimientos a solicitud (regla general, estimación) con el de oficio (desestimación o caducidad); mezclar nulidad (artículo 47) y anulabilidad (48); atribuir la lesividad a actos desfavorables, que se revocan; y cruzar los plazos de los tres recursos.

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